Cuernavaca, Mor. A 4 de septiembre – Este martes, la jueza Martha Magaña López, del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, concedió una suspensión definitiva que paraliza la aprobación de la polémica reforma judicial en México. La reforma, ya votada en la Cámara de Diputados y actualmente en el Senado, busca modificar el proceso de selección de jueces, permitiendo su elección popular.
La suspensión fue concedida en respuesta a un amparo promovido por cuatro jueces federales preocupados por los posibles efectos de la reforma. Según el fallo de la jueza Magaña, el Senado no podrá votar ni enviar la reforma a las legislaturas estatales hasta que se resuelva el juicio de amparo, retrasando el proceso de cambio constitucional.
La jueza especificó que «el dictamen no podrá ser considerado y menos aprobado por la nueva legislatura», lo que detiene el avance legislativo hasta que las quejas de los jueces promoventes sean evaluadas.
**El Senado responde**
Pese a la suspensión, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que el proceso legislativo seguirá adelante. Anunció que el dictamen será discutido en comisiones este domingo y llevado al Pleno la próxima semana, ignorando la resolución judicial. Esta respuesta refleja una tendencia recurrente del Congreso de desestimar resoluciones judiciales, una práctica que ha sido común en los últimos años.
Aunque existe la posibilidad de que los jueces denuncien abuso de autoridad ante la Fiscalía General de la República (FGR), hasta la fecha no ha habido repercusiones judiciales por estas violaciones.
**Contexto del amparo**
El amparo presentado por los jueces surge de la preocupación de que la reforma judicial afectará su permanencia en los cargos, al someterlos a elecciones populares en 2025. Los jueces argumentan que la reforma se implementaría sin un debido proceso o compensación adecuada. La jueza Magaña enfatizó que su fallo busca detener el proceso legislativo para evitar consecuencias irreversibles, como la cesación de jueces en sus cargos sin una adecuada revisión judicial.
El fallo señala que, de aprobarse la reforma sin la intervención judicial, «podría ser imposible revertir sus efectos», lo que deja en suspenso el futuro de la reforma judicial en México hasta que se resuelvan las preocupaciones planteadas en el amparo.